El diputado oriundo de Pehuajó, Gustavo Zuccari, solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense que se “abstenga de aplicar las modificaciones en el cuadro tarifario de agua dispuestas por decreto 3144/08, hasta tanto no dé solución definitiva a los problemas que sufre la Provincia respecto a la cantidad y calidad de agua suministrada, y al mantenimiento de la red y planta depuradora cloacal”. A través del proyecto de declaración presentado, el legislador explicó que “en virtud del decreto 3144/08, se produjo la modificación del régimen tarifario del servicio de agua, que incluye la ampliación de la cantidad de categorías, de 5 a 13, pasando a ser definidas en base a la ubicación de las viviendas y a sus dimensiones y características; el consumo mínimo facturado pasó de 40 m3 a 20; y el servicio de cloacas dejó de ser calculado sobre el 50 % del de agua potable para pasar al 100 %, entre otras”. “Todas estas medidas constituyen un manoseo indiscriminado en los bolsillos de los bonaerenses, que sólo contribuye a agudizar la terrible situación de crisis y recesión que se viene sufriendo, y en el caso de ABSA en particular, sin mejorar la calidad y presión del agua corriente”, señaló Zuccari. Asimismo, “el servicio de cloacas también es deficiente ya que cuenta con redes obsoletas y contamina el medio ambiente por arrojamientos en la vía pública”, continuó el legislador tras agregar que “el ajuste aparece como desproporcionado”. “Estos incrementos repercuten directa y perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan en claro lo inoportuno de la medida al ser contrastada con el extremadamente inestable contexto socio económico actual”, concluyó el integrante del Bloque de diputados radicales. Tal medida se suma a que el Gobierno ha adoptado sucesivamente medidas consistentes en aumentos indiscriminados en las tarifas de gas y energía eléctrica y la implementación del programa de “premios y castigos” -PUREE-, sin olvidar el incremento en el Impuesto Inmobiliario, que alcanzó a muchísimos más contribuyentes que los anunciados inicialmente por el Gobierno. En tal sentido, fundamenta la iniciativa parlamentaria, “las modificaciones adoptadas traducidas en incrementos que en algunos casos superan al 200 %, resultan a todas luces arbitrarias, inoportunas y desmedidas ya que la empresa ABSA se encuentra en deuda con los habitantes de la Provincia toda vez que éstos han venido pagando por un servicio que: no se ha cumplido adecuadamente dado que el suministro de agua es deficiente en calidad y cantidad; y no es potable debido a que no se ha podido solucionar el problema del tenor de arsénico - superando sus valores medios los índices permitidos por la OMS -, afectando y poniendo en riesgo la salud de los habitantes”.
